Con todo lo que se sabe sobre el
negativo impacto del cierre de las escuelas para los niños y adolescentes
-especialmente de hogares de bajos recursos-, a médicos y educadores
consultados por este Diario les sorprende que una de las primeras medidas adoptada
por el Gobierno ante la variante ómicron haya sido la suspensión del plan de
retorno general a clases presenciales. Su criterio coincide con el de la
Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entidad que fue de
las primeras en lamentar que las autoridades del país decidieran suspender la
reapertura de las escuelas por la nueva variante del virus causante de la COVID-19.
“Considero que a los tomadores de
decisiones les corresponde generar las condiciones necesarias para que el
retorno escolar se cumpla en forma segura para la salud de niñas, niños y
adolescentes”, expresa la médica especializada en Infectología infantil, Carola
Cedillo. “Por ende, no es posible que la primera medida que tomen tenga
relación con suspender la presencialidad escolar mientras mantienen actividades
sociales de otra índole, y permiten aglomeraciones en otros espacios”,
cuestiona la pediatra. En un comunicado público, la oficina de la Unicef en
Ecuador expresó que el cierre “debe ser considerado como la última medida” y no
la primera.
El consultor educativo y
exdirector del Contrato Social por la Educación, Patricio Cajas, dice
comprender que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, dado su
rol en el control de la pandemia, priorizara esa medida. Pero afirma que a
quienes trabajan en el ámbito educativo y la defensa de los derechos de los
menores les preocupan estas decisiones, “que sin duda hacen más graves las
brechas y limitan más la participación de los niños y adolescentes en los
procesos de aprendizaje. Mucho más en los sectores con más vulnerabilidad”.
La Unicef recordó también que “la
evidencia demuestra que las escuelas no son un foco de contagio si se siguen
los protocolos de bioseguridad”. Y según datos oficiales, los positivos de
COVID-19 entre quienes asisten a clases presenciales de manera voluntaria
representan el 0,007%, esto es, 36 casos entre 806.380 alumnos. Esto era algo
que el Ministerio de Educación venía resaltando para defender su plan de
regreso general a las aulas. A fines de noviembre esta estrategia involucraba
ya al 52 % de los establecimientos del país y 1’606.616 alumnos, según precisó
la Cartera de Estado, que sigue animando al resto de planteles a adoptarla.
Aunque este proceso, por ser voluntario, recarga buena parte de la
responsabilidad de la implementación de protocolos y condiciones físicas de
seguridad en los padres de familia.
“No quisiera pensar que estos retrasos son en función de lo que no se ha invertido y de todas las necesidades que no se han resuelto hasta el momento en las instituciones educativas, que necesitan mucho apoyo, muchos recursos para recuperar su infraestructura, una condición adecuada, la que corresponde para su trabajo pedagógico”, expresa Cajas al respecto. Reconoce que la decisión de volver a las aulas no depende solo de Educación y que es el COE y el Gobierno quienes determinan eso. “Pero desde la mirada de lo educativo, sin duda que esto debería revisarse. Creo que el Ministerio de Educación está atento a eso”, acota. También depende de cómo evolucione la variante ómicron. A falta de datos más concluyentes, la ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo el martes que es más contagiosa, “pero está mutando hacia el comportamiento de un virus de gripe común, no se están presentando casos ni más graves o que requieran cuidados intensivos". "Tras la suspensión del plan de retorno a la presencialidad, anunciada el pasado 30 de noviembre, la ministra de Educación, María Brown, explicó que esa medida se basaba en la información con que contaban al momento, presentada por el Ministerio de Salud, “Pero esto no quiere decir que no puedan existir otras disposiciones o cambios en el transcurso del tiempo de aquí hasta mayo, que se inicia el año lectivo Costa, o hasta el 7 de febrero, que inicia el segundo quimestre en la Sierra, dependiendo del control epidemiológico y de las medidas que se deban adoptar en el COE”, acotó.
