La suspensión del plan de retorno a las clases presenciales suma reparos

Con todo lo que se sabe sobre el negativo impacto del cierre de las escuelas para los niños y adolescentes -especialmente de hogares de bajos recursos-, a médicos y educadores consultados por este Diario les sorprende que una de las primeras medidas adoptada por el Gobierno ante la variante ómicron haya sido la suspensión del plan de retorno general a clases presenciales. Su criterio coincide con el de la Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entidad que fue de las primeras en lamentar que las autoridades del país decidieran suspender la reapertura de las escuelas por la nueva variante del virus causante de la COVID-19.

“Considero que a los tomadores de decisiones les corresponde generar las condiciones necesarias para que el retorno escolar se cumpla en forma segura para la salud de niñas, niños y adolescentes”, expresa la médica especializada en Infectología infantil, Carola Cedillo. “Por ende, no es posible que la primera medida que tomen tenga relación con suspender la presencialidad escolar mientras mantienen actividades sociales de otra índole, y permiten aglomeraciones en otros espacios”, cuestiona la pediatra. En un comunicado público, la oficina de la Unicef en Ecuador expresó que el cierre “debe ser considerado como la última medida” y no la primera.

El consultor educativo y exdirector del Contrato Social por la Educación, Patricio Cajas, dice comprender que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, dado su rol en el control de la pandemia, priorizara esa medida. Pero afirma que a quienes trabajan en el ámbito educativo y la defensa de los derechos de los menores les preocupan estas decisiones, “que sin duda hacen más graves las brechas y limitan más la participación de los niños y adolescentes en los procesos de aprendizaje. Mucho más en los sectores con más vulnerabilidad”.

La Unicef recordó también que “la evidencia demuestra que las escuelas no son un foco de contagio si se siguen los protocolos de bioseguridad”. Y según datos oficiales, los positivos de COVID-19 entre quienes asisten a clases presenciales de manera voluntaria representan el 0,007%, esto es, 36 casos entre 806.380 alumnos. Esto era algo que el Ministerio de Educación venía resaltando para defender su plan de regreso general a las aulas. A fines de noviembre esta estrategia involucraba ya al 52 % de los establecimientos del país y 1’606.616 alumnos, según precisó la Cartera de Estado, que sigue animando al resto de planteles a adoptarla. Aunque este proceso, por ser voluntario, recarga buena parte de la responsabilidad de la implementación de protocolos y condiciones físicas de seguridad en los padres de familia.

“No quisiera pensar que estos retrasos son en función de lo que no se ha invertido y de todas las necesidades que no se han resuelto hasta el momento en las instituciones educativas, que necesitan mucho apoyo, muchos recursos para recuperar su infraestructura, una condición adecuada, la que corresponde para su trabajo pedagógico”, expresa Cajas al respecto. Reconoce que la decisión de volver a las aulas no depende solo de Educación y que es el COE y el Gobierno quienes determinan eso. “Pero desde la mirada de lo educativo, sin duda que esto debería revisarse. Creo que el Ministerio de Educación está atento a eso”, acota. También depende de cómo evolucione la variante ómicron. A falta de datos más concluyentes, la ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo el martes que es más contagiosa, “pero está mutando hacia el comportamiento de un virus de gripe común, no se están presentando casos ni más graves o que requieran cuidados intensivos". "Tras la suspensión del plan de retorno a la presencialidad, anunciada el pasado 30 de noviembre, la ministra de Educación, María Brown, explicó que esa medida se basaba en la información con que contaban al momento, presentada por el Ministerio de Salud, “Pero esto no quiere decir que no puedan existir otras disposiciones o cambios en el transcurso del tiempo de aquí hasta mayo, que se inicia el año lectivo Costa, o hasta el 7 de febrero, que inicia el segundo quimestre en la Sierra, dependiendo del control epidemiológico y de las medidas que se deban adoptar en el COE”, acotó.